jueves, 7 de diciembre de 2017

Las otras manadas

Encontramos tantos ejemplos de falta de rigor jurídico que provoca escalofríos pensar en manos de quien estamos.
Sería conveniente empezar a colocar a cada uno en su sitio. De la derecha mediática sabemos que no tenemos que esperar objetividad informativa, con el pesebre no se juega.
Ahora bien, deberíamos intentar que se vieran obligados a ser ecuánimes los medios de comunicación que se tildan de neutrales, hay que empezar a decir que existen otras formas de informar. Cuando un juez acapara la atención por dictar autos extraños, debería ser obligado a fundamentar el auto con alguna coherencia legal que no arguyera una sarta de memeces encontradas en el estercolero de su ideología.
El respeto a la JUSTICIA tiene que ser un parámetro de comportamiento, pero a la JUSTICIA con mayúsculas, no al simulacro con el que nos obsequian  un día sí y otro también tribunales tan politizados que únicamente les falta llevar la chapita del partido que les patrocina.
Hemos oído con más frecuencia de lo deseable la consabida frase de “respetamos y acatamos la sentencia aunque no la compartimos”, pues si no la compartes ¿Cuál es el oculto motivo que te induce a respetarla? acatarla entiendo que se haga; no queda otro camino pero ¿Respetarla? ¿Por qué razón?
¿En qué genoma de nuestro ADN tenemos grabado el respeto a las situaciones arbitrarias generadas por  la caprichosa interpretación que un individuo hace de determinado articulado del Código Penal?
Resulta de todo punto claro y notorio que nuestro sistema judicial necesita un urgente paso por la disciplina democrática. Alarmantemente carece de un sistema eficaz de control de calidad.
Los informativos abren a diario con noticias en clave judicial. Los tribunales hispánicos – Constitucional y Supremo – ya han sido corregidos por los Organismos Judiciales Europeos  en más ocasiones de las deseables. Con esos precedentes es bastante complicado poder alardear de democracia moderna y sólidamente consolidada. La retirada de la petición a Bélgica huele más a estratagema jurídica que a deseos de impartir justicia. La nueva versión parece encaminada a evitar una bofetada judicial en forma de desaire. La extradición solicitada a Bélgica a través de la euro-orden corría serios riesgos de ser rechazada.
A pesar de todos estos historiales y de otros muchos que nos dejamos en el tintero, debemos de seguir manteniendo un determinado grado de confianza en las entidades jurídicas españolas. Aún cuando estas sigan estando inmersas en una especie de limbo esterilizador que las ha mantenido al margen de los avances democráticos. Sin un alto grado de fe ciega es muy difícil aceptar algunas conductas de los magistrados, algunas de sus disposiciones judiciales y bastantes sentencias “dirigidas”. Por no hablar de los “afinamientos” de la Fiscalía.
La comisión de un delito es – sobre todo – un ataque al estatus humano de convivencia en sociedad. Ahora bien,  una vez están establecidas las reglas la cuestión es: ¿Cómo se articula su cumplimiento?
Desde los albores de la humanidad los entes sociales han buscado fórmulas para convivir. La depravación de los próceres les llevó a asimilar las normas comunales con la defensa de sus privilegios. Todo para conseguir  que “sus” deseos fuesen amparados y mantenidas “sus” prebendas.
Mediante sucesivas luchas y avances sociales se han ido desarrollando escenarios con la finalidad de ir equiparando derechos y alcanzar la igualdad ante la ley. En clave nacional española lo más que se ha conseguido ha sido este simulacro de  democracia - que en la actualidad padecemos - en sustitución de la legal y legítima II República que resultó violentamente aplastada.
Una siniestra  deficiencia del llamado régimen 78 fue NO restituir el daño ocasionado por un delito sangriento cometido en el periodo 1936/39 y consolidado hasta el 20 de noviembre de 1975. La perversidad de los constituyentes fue no intentarlo siquiera. El franquismo sigue sin ser institucionalmente condenado.
Las celebraciones del 6 de diciembre recuerdan todos los años la hipócrita humillación que fue admitida. El régimen impuso sus condiciones haciendo sonar los sables. Los opositores se vendieron lánguidamente y cayeron en un plácido sopor del que todavía no han despertado.
Nunca se van a desclasificar los documentos que nos acerquen a entender porque se rindieron. La amenaza de involución está tan puerilmente manida que 39 años después sigue sirviendo para todo.
 La transición se realizó en un bazar de vanidades en el que la monarquía recuperó aquello que la justicia social le había arrebatado. Bajo el paraguas monárquico se recuperó la injusticia que hoy padecemos.
Sólo era cuestión de tiempo.