martes, 19 de diciembre de 2017

La alegria del monasterio


Es un pueblo pequeño de la provincia de Huesca, en Aragón casi todos los pueblos son de tamaño reducido, pequeños, despoblados. Uno de los problemas que padece nuestra tierra es la huida constante de sus gentes hacia lugares mejor tratados. Pero ese es otro asunto.
Pues bien, Villanueva de Sigena ha pasado a primerísimo plano de la actualidad nacional, ahora existe, o al menos ha dejado de ser un lugar anónimo. 
Para no ser excesivamente latoso, vamos a resumir la trama.
Se desarrolla en escenarios tan dispares como un monasterio, un museo y algunos juzgados. Los actores deambulan por arzobispados, ministerios  y  “consellerías”. 
Los variopintos personajes se interrelacionan entre sí en un baile de intereses y vanidades. Obispos enfrentados en defensa de sus diócesis, gobiernos autónomos luchando por unos bienes que nunca les han importado ni han defendido y monjas mercaderes vendiendo lo que no les pertenece. 
Finalmente han llegado a las Cortes  de Aragón los informes de 22 de los 43 Registros de la propiedad que operan en Aragón y las cifras son escandalosas. Los datos registrales atestiguan que desde 1998 la Iglesia Católica ha inmatriculado (inscrito a su nombre) más de 1700 bienes inmuebles. 
Cuando lleguen los resultados de los Registros que faltan es fácil que la cifra supere los 4000 edificios de interés público y cultural que la Curia se ha apropiado. Si fuera posible remontarse a fechas anteriores a 1998 las cantidades de propiedades usurpadas pueden ser escandalosas.
¿Estará el monasterio de Villanueva de Sigena entre los bienes  despojados? 
Por fin ha salido a la luz el expolio llevado a cabo. A día de hoy ninguno de los diferentes gobiernos aragoneses se ha preocupado por recuperar la propiedad pública de los miles de bienes que  la Iglesia Católica se ha arrogado. Una torticera ley - enraizada en el más profundo Nacional Catolicismo del franquismo y modernizada por un presidente de Gobierno con ínfulas de Napoleón mesetario - permitió a la iglesia católica quedarse con bienes comunales. 
Aznar acostumbra a ocultar sus complejos tras una gran dosis de soberbia. Desconocemos el motivo que le impulsó a regalar parte del patrimonio nacional a los curas. Quizás para agradar a su cónyuge legionaria de Cristo antes de un café - relax  en la Plaza Mayor.
Ahora que Méndez de Vigo (un ministro simpatizante  del OPUS) ha adelantado los regalos navideños para que su hermano  -Vicepresidente de la orden de San Juan de Jerusalén - reciba con fraternal amor los bienes que un juez había ordenado devolver. Sería conveniente explicar si es común desobedecer mandatos judiciales o solo pueden hacerlo determinados Obispos, Arzobispos, otros clérigos y monjas sin que la autoridad judicial reaccione.
Como ejemplo de desobediencia sirva la actuación del Arzobispo de Almería cuando dijo que no va a cumplir la sentencia de Magistratura de Trabajo por la cual se le ordena readmitir a una profesora de Religión. La profesora fue despedida y el despido declarado nulo.  El Obispo no obedece y el magistrado sigue sin actuar contra el desacato. La consiguiente indemnización, al igual que los salarios, los pagamos todos vía subvenciones a la Iglesia Católica.
Cualquiera diría “con la Iglesia hemos topado”, entonces… ¿Nos conformamos con eso?
¿A qué tanta alegría? ¿Por qué nos enloquece la devolución de las obras al monasterio?  
Unas actrices importantes de este melodrama son las monjas que vendieron las obras de arte. Parece ser que las piezas estaban catalogadas como Patrimonio Nacional. A pesar de esta condición fueron vendidas y “religiosamente” pagadas ¿Tampoco ve la fiscalía responsabilidad penal en la operación fraudulenta de venta?
Francamente, es irrelevante qué Obispado acaba poseyendo los bienes, Lérida o Huesca,  carece de trascendencia a quién otorgamos su propiedad si previamente no es reconocido su carácter de bienes públicos tramposamente expoliados. Nuevamente Europa tendrá que acudir en nuestro auxilio, ya han sido dictadas sentencias condenatorias contra el Estado español por el uso infame de esa ley injusta. 
Cuando transcurrido el tiempo Lambán se entere de lo que está pasando con el patrimonio artístico/cultural aragonés probablemente caiga de hinojos y acuda a pedir consuelo a la señora andaluza “tocada” por los dioses del socialismo.
Nuestra certeza es que ni así conseguirá entender la obligación que tiene de defender los bienes públicos de la rapiña de los usurpadores aun cuando estos sean mitrados eclesiásticos.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Las otras manadas

Encontramos tantos ejemplos de falta de rigor jurídico que provoca escalofríos pensar en manos de quien estamos.
Sería conveniente empezar a colocar a cada uno en su sitio. De la derecha mediática sabemos que no tenemos que esperar objetividad informativa, con el pesebre no se juega.
Ahora bien, deberíamos intentar que se vieran obligados a ser ecuánimes los medios de comunicación que se tildan de neutrales, hay que empezar a decir que existen otras formas de informar. Cuando un juez acapara la atención por dictar autos extraños, debería ser obligado a fundamentar el auto con alguna coherencia legal que no arguyera una sarta de memeces encontradas en el estercolero de su ideología.
El respeto a la JUSTICIA tiene que ser un parámetro de comportamiento, pero a la JUSTICIA con mayúsculas, no al simulacro con el que nos obsequian  un día sí y otro también tribunales tan politizados que únicamente les falta llevar la chapita del partido que les patrocina.
Hemos oído con más frecuencia de lo deseable la consabida frase de “respetamos y acatamos la sentencia aunque no la compartimos”, pues si no la compartes ¿Cuál es el oculto motivo que te induce a respetarla? acatarla entiendo que se haga; no queda otro camino pero ¿Respetarla? ¿Por qué razón?
¿En qué genoma de nuestro ADN tenemos grabado el respeto a las situaciones arbitrarias generadas por  la caprichosa interpretación que un individuo hace de determinado articulado del Código Penal?
Resulta de todo punto claro y notorio que nuestro sistema judicial necesita un urgente paso por la disciplina democrática. Alarmantemente carece de un sistema eficaz de control de calidad.
Los informativos abren a diario con noticias en clave judicial. Los tribunales hispánicos – Constitucional y Supremo – ya han sido corregidos por los Organismos Judiciales Europeos  en más ocasiones de las deseables. Con esos precedentes es bastante complicado poder alardear de democracia moderna y sólidamente consolidada. La retirada de la petición a Bélgica huele más a estratagema jurídica que a deseos de impartir justicia. La nueva versión parece encaminada a evitar una bofetada judicial en forma de desaire. La extradición solicitada a Bélgica a través de la euro-orden corría serios riesgos de ser rechazada.
A pesar de todos estos historiales y de otros muchos que nos dejamos en el tintero, debemos de seguir manteniendo un determinado grado de confianza en las entidades jurídicas españolas. Aún cuando estas sigan estando inmersas en una especie de limbo esterilizador que las ha mantenido al margen de los avances democráticos. Sin un alto grado de fe ciega es muy difícil aceptar algunas conductas de los magistrados, algunas de sus disposiciones judiciales y bastantes sentencias “dirigidas”. Por no hablar de los “afinamientos” de la Fiscalía.
La comisión de un delito es – sobre todo – un ataque al estatus humano de convivencia en sociedad. Ahora bien,  una vez están establecidas las reglas la cuestión es: ¿Cómo se articula su cumplimiento?
Desde los albores de la humanidad los entes sociales han buscado fórmulas para convivir. La depravación de los próceres les llevó a asimilar las normas comunales con la defensa de sus privilegios. Todo para conseguir  que “sus” deseos fuesen amparados y mantenidas “sus” prebendas.
Mediante sucesivas luchas y avances sociales se han ido desarrollando escenarios con la finalidad de ir equiparando derechos y alcanzar la igualdad ante la ley. En clave nacional española lo más que se ha conseguido ha sido este simulacro de  democracia - que en la actualidad padecemos - en sustitución de la legal y legítima II República que resultó violentamente aplastada.
Una siniestra  deficiencia del llamado régimen 78 fue NO restituir el daño ocasionado por un delito sangriento cometido en el periodo 1936/39 y consolidado hasta el 20 de noviembre de 1975. La perversidad de los constituyentes fue no intentarlo siquiera. El franquismo sigue sin ser institucionalmente condenado.
Las celebraciones del 6 de diciembre recuerdan todos los años la hipócrita humillación que fue admitida. El régimen impuso sus condiciones haciendo sonar los sables. Los opositores se vendieron lánguidamente y cayeron en un plácido sopor del que todavía no han despertado.
Nunca se van a desclasificar los documentos que nos acerquen a entender porque se rindieron. La amenaza de involución está tan puerilmente manida que 39 años después sigue sirviendo para todo.
 La transición se realizó en un bazar de vanidades en el que la monarquía recuperó aquello que la justicia social le había arrebatado. Bajo el paraguas monárquico se recuperó la injusticia que hoy padecemos.
Sólo era cuestión de tiempo.