Ocultos tras las sotanas

Con frecuencia resultan sorprendentes los argumentos que se usan para inclinar la balanza de la justicia del lado que mejor favorezca los intereses personales de cada cual.

No se para en mientes en la utilización de cualquier tipo de recurso. Es de todo punto intrascendente si la prueba  propuesta carece o no de validez, no importa. La finalidad que se persigue es lo fundamental.

Para convencer a la jueza de la pertinencia de su salida de prisión, los miembros del Govern encarcelados han puesto toda la carne en el asador, ¿Mediante argumentos jurídicos? Pues no. En varios casos a través de mostrar su fe o exhibiendo su conciencia religiosa ¡Qué poder tan inmenso deben de tener las creencias para poder ser utilizadas en sede judicial!

Oriol Junqueras ha utilizado para su defensa su condición de creyente (católico suponemos). Según el ex vicepresidente de la Generalitat ser piadoso imprime carácter de anti violencia. En opinión de la defensa de los encarcelados esta cualidad resulta incompatible con el delito de rebelión. Olvidan Junqueras y compañía los numerosos episodios en los que, en nombre de algún dios, se ha utilizado la brutalidad contra inocentes.

En nuestro país no hace tanto tiempo que se han dado ese tipo de acontecimientos luctuosos. A día de hoy las cunetas españolas siguen llenas de cadáveres de ajusticiados por unos asesinos que mataban - entre otros - a incrédulos y discrepantes con su fe. El solar patrio era en esos momentos el patio de recreo particular para creyentes católicos, apostólicos y romanos. Estos hechos muestran que tener determinada ideología religiosa no representa una vacuna contra la barbarie por mucho que Oriol lo atestigüe.

Tal y como pretenden los ex consellers, la asistencia a misas y trabajos parroquiales tampoco son antídoto contra la violencia delictiva, no serán los primeros ni los últimos caciques que después de una buena comunión apalean a los descreídos. Sin ir más lejos el 20N se ofició misa en memoria del genocida responsable de que en la actualidad sigan existiendo fosas comunes por los campos de este país. 

¿Tanta importancia sigue teniendo la Iglesia Católica en el estamento político – social español?

Pues parece ser que sí, teniendo en cuenta que esas creencias religiosas están siendo  invocadas para paliar las responsabilidades emanadas por actuaciones políticas presuntamente delictivas.

Organizaciones laicistas  se han cuestionado en innumerables ocasiones la indefinición constitucional en materia de separación Iglesia/Estado.

El artículo 16 de la carta magna establece la aconfesionalidad  del Estado, pero el 16.3 implanta el singular trato que debe tener la Iglesia Católica y para compensar  extiende el buen trato a todas las demás confesiones sin nombrarlas. Es decir, abre la puerta de la multiconfesionalidad para mantener disimulados los privilegios otorgados a la religión predominante: La Católica.

Considerando el laicismo como una corriente de pensamiento o ideología que defiende la existencia de una sociedad organizada de forma independiente de las confesiones religiosas, suena chocante que se quiera utilizar la pertenencia a una determinada creencia para justificar el buen comportamiento ciudadano ¡Claro, que ser confesionalmente adepto tapa muchas carencias!

Sin ir más lejos, la condición de católico, apostólico y romano  permitió al señor José Antonio Sánchez Domínguez, Presidente de la Corporación RTVE, justificar la retrasmisión de las misas dominicales y no dar cobertura informativa a un acontecimiento de relevancia social.  Según Jose Antonio Sánchez carece de importancia que se celebre en Madrid el día mundial del Orgullo Gay ¿Quizás debido a algún ramalazo de homofobia? No sería de extrañar teniendo en cuenta las opiniones de destacados obispos de su credo.

Para compensar la ausencia de rigor informativo acompañó de proselitismo religioso su comparecencia en el Senado. A fin de justificarse nos regaló la transcendental noticia  de su adscripción  religiosa. Estos  personajes que utilizan las doctrinas como escudo de sus incompetencias lo hacen con la finalidad de negar la situación social que les rodea. A los ciudadanos ¿Qué les importan sus creencias?  

Exactamente igual  que a los magistrados de la Audiencia Nacional les debe importar un higo si los imputados van a misa o pecan con descaro. Si vivimos en un Estado de Derecho la preocupación de las jueces deberá ser si se han cumplido o dejado de cumplir  las leyes humanas, no las divinas.

Mujeres asesinadas

La semana pasada fue asesinada otra mujer, una más, en esta ocasión en la localidad alicantina de Elda. Esto último es irrelevante, podía haber sido en cualquier otro sitio, la barbarie se extiende por toda la geografía hispánica sin distinción de territorios, regiones o nacionalidades. En cuestión de bestialismo el macho ibérico únicamente  muestra una seña de identidad; su ancestral machismo.

Jessica, al igual que otras muchas asesinadas, había denunciado a su asesino por malos tratos. El infame sujeto estaba condenado por violencia domestica y un juez había dictado una orden de alejamiento. Nada de eso  protegió a la mujer de la irracionalidad del macho furibundo.

Ni siquiera salvó la vida de Jessica un hecho relevante: la policía detectó el incumplimiento de la orden de alejamiento y en prevención de lo que posteriormente sucedió detuvo al asesino y le puso a disposición judicial.

A pesar de las múltiples señales enviadas, el juez de guardia no halló motivos suficientes para mantener detenido al violento. Existían varios motivos: amenazas, incumplimiento de dictamen judicial, desobediencia… pero el juez de guardia no vislumbró  nada. No llegó a pisar los calabozos.

Muchas veces se habla del corporativismo profesional que impele a determinados gremios a dictar disposiciones o adoptar medidas que favorezcan a sus miembros. Jessica tuvo la mala suerte de dar con un magistrado al que ni siquiera la desobediencia a la  sentencia de un colega le impulsó a proteger la vida de una mujer. Señoría ¿No le pareció relevante la ruptura de la orden de alejamiento?

No es la primera vez que se muestra la inutilidad de las órdenes de alejamiento si no hay una vigilancia efectiva del cumplimiento de la misma. Hoy día existen medios tecnológicos más que sobrados para alertar a las fuerzas de seguridad, a las posibles víctimas y a las autoridades de los incumplimientos de los dictados judiciales. Creíamos que era cuestión de voluntad política, pero sobretodo de disponibilidad de medios. Pues no, con el asesinato de Jessica se ha descubierto una nueva vertiente de la inutilidad del sistema. Ahora también sabemos que la incompetencia judicial es otro de los factores de riesgo.

Las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las personas han demostrado en multitud de ocasiones su falta de sensibilidad y la extraordinaria  ineptitud que les adorna en su cometido de salvaguarda de las mujeres.

Solo tenemos que recordar las manifestaciones del Delegado del Gobierno en Aragón (Gustavo Alcalde) que tras el asesinato de Soraya,  para justificar la ausencia de medidas de protección, esgrimió como argumento la distancia a la que vivía su agresor ¡Como estaba a unos cientos de kilómetros, a nadie se le ocurrió pensar que en 4 horas podía llegar y asesinarla! El caso de inutilidad administrativa es tan sangrante que escuece solo recordarlo.

El asesinato de Jessica ha roto los moldes, con ella sí saltaron las alarmas y funcionaron los protocolos, las fuerzas de seguridad han cumplido con su cometido. El juez estaba en otros asuntos, es imperdonable la laxitud de comportamiento y mucho más condenable tras las terribles consecuencias.

Entre las figura penales que se contemplan en los casos de asesinato encontramos  al autor como protagonista principal, a continuación puede haber cómplices, encubridores y colaboradores. Todos ellos tienen un grado de responsabilidad penal. Entre los colaboradores existe una figura de especial preeminencia  y es la de colaborador necesario.

Si el juez hubiera mantenido preso al asesino el tiempo legal permitido en un caso de la gravedad del que nos ocupa, tal vez Jessica seguiría entre los vivos, con su hijo.

Pero no, el juez decidió que no había peligro para la mujer amenazada y que el incumplimiento de la sentencia dictada por otro juez no merecía ser castigado ¡Enhorabuena señoría, no ha puesto usted ningún impedimento  para que un asesino cometiera su crimen!

Quizás sea merecedor de que otro juez con otra sensibilidad y mayor diligencia considere que sin su dictamen de puesta en libertad inmediata el asesino no habría podido perpetrar el asesinato.

Indignación domada

Llevamos una larga temporada asistiendo a un penoso espectáculo patrocinado por nuestra clase política. Naturalmente nuestra indolente conformidad tiene mucho que ver en el comportamiento de quienes nos gobiernan.

Hemos permitido excesivos abusos, la indignación se nos ha disipado rápidamente, con un poco de chapa y pintura nos han vendido una tartana vieja como si fuera un vehículo de última generación y nuestra ira se ha escapado por el vertedero del conformismo.

Resulta un desafío a la inteligencia la postura adoptada por los alimentadores de opinión y no pocos analistas políticos.

Sí; la jueza Lamela ha dictado prisión sin fianza para el vicepresidente Junqueras y siete de los Consellers del Govern. Analizada la trayectoria reciente de la jueza ¿Esperaba alguien otra cosa?

Parece que nadie recuerda que es la misma magistrada que mantiene en prisión -  acusados de terrorismo - a los detenidos por una pelea de bebidos en un bar de Alsasua. También es La misma que recientemente  ha dictado prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, después de oír  al fiscal retorciendo la ley.

¿A quién le extrañan las decisiones de la jueza? ¿A qué viene tanta sorpresa?

Las expresiones que se están vertiendo sobre la politización de la justicia vuelven a ser un nuevo ejercicio de doblez sin ningún valor. En este viejo arcón caben prácticamente todas las formaciones políticas.  El PP es solidario con las actuaciones del Fiscal General del Estado como máximo responsable de su nombramiento.

Misma responsabilidad de nombramiento que ejerció el PSOE cuando ostentaba el Gobierno de la Nación. Esto nos señala a unos primeros responsables de la politización judicial.

Pero no son los únicos; en no pocas ocasiones, ambos partidos, han gobernado con los apoyos de formaciones como el PNV que hoy se rasgan las vestiduras con las decisiones del PP que ellos apoyan vía presupuestos generales. Y de otros como antigua Convergencia Democrática (hoy el PdCAT) que ahora sufren en sus carnes la acción judicial auspiciada por sus ex amigos.

El partido de Ciudadanos Españoles y de la JONS cumple fielmente con su cometido de partido muleta y aplaude fervorosamente que la fiscalía actúe como órgano transmisor del Gobierno.

Tanta pose hipócrita aburre, cansa. Que la judicatura está tremendamente politizada es un mantra que recorre la sociedad española desde que se hizo real la desdichada Transición. El Poder Judicial quedó al margen de cualquier  transformación. Si hubiera que nombrar una esfera del Estado de Derecho donde la democracia no ha hecho acto de presencia, una gran mayoría de personas nombrarían sin dudar al estamento judicial.

Los miembros de los altos tribunales son elegidos a través de las formaciones políticas. Las luchas por colocar afines en los puestos de decisión judicial son por todos conocidas, muchas de las decisiones y sentencias judiciales atufan a oportunismo político. Sistemáticamente los partidos de la alternancia han bloqueado las renovaciones del Tribunal Constitucional cuando  han estado a expensas de alguna sentencia.

Con todos estos antecedentes, son una broma de mal gusto  las declaraciones de sorpresa y estupefacción cuando alguien comprueba que la justicia se acomoda al dictado del gobierno de turno (fundamentalmente durante el periodo de instrucción de la causa). Durante este periodo procesal el magistrado instructor suele seguir las peticiones de la Fiscalía. Ya hemos dejado aclarado quién nombra al Jefe de los fiscales.

Escuchar al portavoz Méndez de Vigo decir que desde la Constitución de 1812 existe separación de poderes en España es motivo suficiente para mandarle al colegio a repasar algo de la historia constitucional de este doliente reino.

Además de una burla a la inteligencia es un insulto para las víctimas de las múltiples épocas de absolutismo borbónico y dictaduras varias que desde la aprobación de la “Pepa” han padecido los habitantes de este país, producto de las cuales son - entre otras cosas – las constantes guerras civiles a las que hemos sido condenados.

Nuestra ausencia de educación social, política y cultural nos lleva a aguantar declaraciones como la del ministro portavoz, al igual que con anterioridad hemos soportado las de Rafael Hernando y Pablo Casado humillando a las víctimas de las purgas y persecución franquista.  

A Mariano Rajoy, a la cúpula de su partido y a los poderes en la sombra que le sostienen, le importa un higo la situación de Cataluña. Saben que han despertado al toro hispánico, como dice el ínclito Gustavo Alcalde – Delegado del Gobierno en Aragón – y ese astado cuernilargo embiste con fiereza contra todo aquello que le molesta.

La derecha nacional-católica espera que tras el 21 D su marca naranja alcance la presidencia de la Generalitat con los apoyos del PP y un casi desahuciado PSC. Si no sucede así,  no pasa nada, a Rajoy siempre le quedará España y para Cataluña una nueva dosis de venganza.