Caminar con pies de plomo

La utilización de la violencia es patrimonio de los Estados, así se razona el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. De esta forma los excesos quedan escudados tras una cortina que arguye como finalidad el mantenimiento del orden institucional.

Esta teoría es aplicada por los gobiernos cuando se trata de explicar una actuación desproporcionada. Si la Guardia Civil utiliza material antidisturbios para impedir que unos  inmigrantes alcancen la playa y la operación da como resultado 15 muertos, no faltará una jueza que califique la actuación de los guardias de proporcionada, aunque tenga que hacer juegos malabares para conseguir  encuadrarla en el marco defensivo de la  “integridad territorial hispánica  acechada por peligrosos invasores”.

Si el cuerpo policial que provoca una masacre interviniendo en la disolución de una manifestación pertenece a un país del entorno amigo, el resultado estará justificado por la peligrosa deriva que tenían los subversivos manifestantes radicales.

Por el contrario cuando el gobierno del país en cuestión parece inadecuado o adverso - Venezuela - el uso que desde el poder se haga de la fuerza será puesto  en entredicho. De esta manera tan sencilla serán otorgados los privilegios de la violencia a los opositores. Es decir tendrán  consideración legal para violentar.

Aquí nos encontramos con  aquello de… “Todo es según el color del cristal con que se mira”.

Si un país -  España por ejemplo - colabora en la destrucción de otro – Irak – las secuelas (más de 150.000 muertos directos y cerca de 3.500.000 de desplazados) se justificarán  achacándolas al resultado de una guerra justa, a los daños colaterales y a las pérdidas accidentales.

Se han intentado muchas definiciones de guerra y la verdad sea dicha no son necesarias tantas.

“La guerra es la imposición de la voluntad de un competidor sobre la del adversario por medio de la fuerza”.

Sin cortapisas, sin tasas, sin reparar en efectos. A más resistencia mayor presión y con ella mayor dosis de violencia. No existen las normas ni las leyes de la guerra, es falso. El ganador, o sea el fuerte, juzgará al perdedor según su criterio y el derrotado recibirá el castigo por sus crímenes. Los crímenes del vencedor serán atribuidos a la necesidad de usar métodos  adecuados  al éxito.

La Segunda Guerra Mundial acabó con la mayor demostración de barbarie nunca cometida por un Estado. La consecuencia fue que Estados Unidos  (el ejecutor de la crueldad) se erigió en defensor de los derechos de la humanidad tras la masacre. Cabe preguntarse ¿De qué humanidad? Naturalmente de aquella que era afín a los intereses del amo del mundo. Los países discrepantes fueron expulsados del paraíso y estrujados hasta la extenuación o arrastrados hasta la rendición incondicional.

Siempre todo justificado por “El restablecimiento del Orden Mundial” que no es gratis y requiere de cuantiosos sacrificios.

El concepto de guerra se vincula al uso de la violencia extrema para alcanzar objetivos que los litigantes esgrimen  como justos. El desenlace suele coincidir con los deseos del más fuerte que, generalmente es quién alcanza a ganar la contienda. Justicia y fuerza acaban mezcladas en una extraña amalgama diseñada por el vencedor.  

Al  finalizar el conflicto aparecen las víctimas en forma de millones de desplazados, parias y damnificados.

A veces, estos proscritos  se rebelan  contra su destino empujando a otros miserables a una condena similar a la suya. En ese momento se inicia  una especie de reparto de la desdicha, que al tener visos de descontrolarse resulta de todo punto inaceptable para el fortalecido ganador.

El poderoso adoptará un papel de arbitrio repartiendo caridad y migajas. Exigirá resignación a los desdichados. Para que la situación - por injusta que parezca - se acepte será  presentada como la única viable y por consiguiente forzosamente aplicada. Como guinda del pastel la propaganda dirigida irá acompañada de información sesgada y así se cocinarán fobias diversas a fuego lento a través de los medios de información controlados.

Aparecerán racismos dormidos y brotarán clasismos escondidos. Se odiará al diferente por serlo sin reparar en que la diferencia no es real, es solo  de matiz y frecuentemente nos la presentan impostada.

Al disconforme se le llamará anti-sistema, al descontento le denominarán revolucionario; al incrédulo como peligroso y al rebelde le catalogarán de terrorista.  Cuando el verdadero terror haga aparición se habrán quedado sin palabras para nombrarlo y todos aquellos que no sean mansos borregos serán presentados como peligrosos terroristas.    

Con esta pasmosa facilidad serán introducidos en el mismo saco titiriteros, cuenta-chistes, noctámbulos pleiteadores, silbadores de himnos,  abucheadores  borbónicos,  ateos y alguna mujer que defienda sus derechos. Antes todo era ETA ¿Ahora?

Pues ahora todo es defensa de la cultura judeo-cristiana, pero por encima de todas las cosas se protegen las cuentas de resultados de las multinacionales de armamento que suministran a ISIS-DAES-ALCAEDA-YIHADISMOS VARIADOS, mientras se patrocina  a las Agencias y Compañías de seguridad que abarrotan el mundo de medidas para su inútil protección.

Para salir del paso, se “bolardean” medidas  de  demostrada escasa utilidad al tiempo  que conscientemente se ignoran las raíces del problema ¡Es la guerra idiotas, es la  guerra!

Reventando huelgas

No señor, no tiene suerte el titular de Fomento. Iñigo de la Serna tenía todas las papeletas para haber sido el ministro estrella del Gabinete de Rajoy. A su apostura de galán cinematográfico añadía una tenue estela de discreción que le alejaba de los focos de la polémica. Algún atisbo de crítica a su gestión en la alcaldía de Santander empañaba su inmaculado currículo, pero ¿quién no tiene algún pecadillo?

Transitaba el bueno de Iñigo por las placidas aguas de la legislatura cuando  una disposición europea le colocó en una complicada disyuntiva: O negociar con los trabajadores una salida airosa  o imponer por la fuerza las directrices europeas encaminadas a favorecer la privatización empresarial de un sector con pingües beneficios.

Como no podía ser de otra manera se inclina por imponer, lo de consensuar soluciones está en guerra con la cadena genética del titular de Fomento.

Pero mire usted por donde le salen respondones los trabajadores de la estiba y admitieron el órdago del conflicto sin pestañear ni retroceder. Cada día que pasaba las pérdidas se multiplicaban, las multas europeas crecían y las navieras buscaban otros destinos en los que desembarcar sus mercancías.

Los medios de comunicación presionaban como suelen hacerlo: los sindicatos fueron presentados como perversas organizaciones planteadas para dañar a los menesterosos empresarios. Los patrones son las almas puras que comparten sus riquezas con la sociedad proporcionando trabajo a los desagradecidos trabajadores. Siempre me ha llamado la atención la frase “los empresarios DAN trabajo”, puestos a dar sería deseable que dieran salarios y se quedaran con el trabajo, pero ese es tema para otro artículo de opinión.

A través de la prensa afín - la totalidad de la denominada “seria”- se magnifican las pérdidas que ocasiona el conflicto y su responsabilidad  es atribuida exclusivamente a los huelguistas ¿Quién si no va a ser el culpable? Naturalmente los delincuentes son esos desaprensivos que,  mirando mejorar sus condiciones laborales,  se alejan del bien superior que supone alcanzar mayores beneficios empresariales

¡Qué desfachatez! ¡Donde vamos a parar!   ¡Obreritos exigiendo mejoras!

El ministro con pinta de actor balbucea soluciones, pierde “glamour” y también la batalla contra un colectivo que aglutina al 100% de los trabajadores tras el estandarte de sus objetivos sindicales.

Los estibadores no reblaron y consiguieron imponer sus reivindicaciones. Cuando se cerró el problema ningún medio recogió que el colectivo de la estiba había impuesto sus condiciones merced a una férrea unión en sus reclamaciones.

Concluido el asunto parecía que Iñigo podría retomar nuevo impulso pero hete aquí que le sale otro feo grano en el trasero, la huelga de los vigilantes de seguridad del Aeropuerto del Prat.

Demuestra – como casi la totalidad de políticos sentados en la poltrona – que no ha aprendido nada de experiencias anteriores. De la Serna vuelve a intentar las imposiciones, en esta ocasión con ayudas exteriores, o sea, con doping en forma de servicios mínimos y vulneraciones flagrantes del derecho de huelga recogido en la Constitución.

Para asegurar el funcionamiento del Prat el Delegado del Gobierno ha establecido el 90 % de la plantilla como servicios mínimos, es decir tan sólo se le reconoce el derecho de huelga al 10 % de los trabajadores. Cuando de nuevo sea dictada sentencia contraria a los abusivos servicios mínimos marcados habrá acabado el conflicto. Una vez más el Gobierno se habrá reído de la Constitución y aplicado los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, en realidad son las leyes que a una inmensa mayoría de la dirección del  PP le gustaría tener en vigor.

Por si el 90 % no fuera suficiente impone la militarización del servicio y obliga a los miembros de la Guardia Civil a desempeñar las tareas laborales de los trabajadores declarados en huelga legal. Una nueva patada en el trasero de la cacareada concordia  constitucional.

Iñigo de la Serna en esta ocasión respira más tranquilo,  por ahora tiene el problema focalizado en un único sector de Aena y en un sólo aeropuerto.

Tembleques le entran de pensar que se reprodujera la pesadilla de los estibadores y todas las plantillas de seguridad privada de los aeropuertos españoles se unieran en una reivindicación común y al igual que la estiba se mantuvieran firmes en sus demandas de condiciones laborales de trabajadores de un país avanzado y del siglo XXI.    

El bueno de Iñigo necesitaría muchas capas de maquillaje para seguir con su apuesto papel de ministro inútil.

Turismo en entredicho

Desde hace unos meses se vienen utilizando los números de turistas que nos visitan para reforzar la teoría de la mejoría económica. El contrapunto a tanto optimismo lo materializan los precios alcanzados por los pisos de alquiler en las zonas turísticas. De esta forma tan sencilla nos damos de bruces con la cruda realidad: el incremento de precios de las viviendas es soportado por aquellos que necesitan residencia y no pueden pagarla con sus bajos salarios.

En Ibiza las negativas de personal laboral de las administraciones públicas a desplazarse a la isla ya están alcanzando niveles preocupantes.

Para paliar estas secuelas al personal sanitario  se le ha procurado habitación acondicionando un ala en un centro hospitalario. Naturalmente no deja de ser una medida provisional, las medidas definitivas están por llegar. Si llegan. 

Cuando la improvisación es la regla general uno de los inconvenientes que acarrea es la falta de normativa organizadora. El  sector turístico no iba a ser una excepción.

Prácticamente a diario tenemos noticias de las quejas que presentan los habitantes de Barcelona y otras ciudades ante la ocupación indiscriminada de pisos catalogados como turísticos.

La falta de regulación hace que los vecinos que tienen la fatalidad de vivir en las cercanías de estos lugares  padezcan molestias sin límite en su devenir diario.

Espectáculos denigrantes llevados a cabo en la vía pública a cualquier hora del día o noche, suciedad por doquier, orines, defecaciones y basura ilimitada invaden las zonas de algarada turística con el beneplácito silente de nuestras augustas autoridades: Central, Autonómica y Municipal ¡Al turista ni tocarlo!

Estos  responsables ni siquiera habían reparado en las molestias, el ruido nocturno no se oye desde  las mansiones en las que suelen veranear, la suciedad no mancha sus calles y  al día siguiente la ciudad está casi limpia con cargo a las arcas comunales. Todo va bien mientras vengan turistas que  aporten  - eso dicen - el 11% del PIB.

 Las quejas presentadas por los afectados han sido sistemáticamente ignoradas. Visto así se puede deducir que se han hecho oídos sordos a las aspiraciones del restante 89 % del PIB  sufridor del vandalismo de los visitantes.

Pero ¡hete aquí! que  todo tiene un límite y allí donde no hay orden él sólo se pone. Desde que se ha hecho notorio el descontento de una parte de la población con la situación que se vive no han dejado de aparecer voces que deploran el comportamiento de los disconformes. Turismo fobia llaman a los actos de protesta.

Estas voces criticonas no dijeron ni palabra durante mucho tiempo, es más, antes ni siquiera reconocían que había un problema. Ahora sí, ahora las reivindicaciones, pintadas de autobuses, colocación de pegatinas y actos similares las califican como actos cercanos al terrorismo por el impacto negativo que pueden causar entre nuestros masificados visitantes.

La sobresaturación de calles y plazas NO afecta a estos defensores del turismo a mansalva pues ellos viven en urbanizaciones privadas. Los yates les acercan a calitas donde disfrutan de aguas cristalinas sin agobios ni multitudes. No poder dormir no lo padecen porque en las inmediaciones de sus chalés no se celebran verbenas nocturnas ni tienen lugar peleas ni borracheras. Eso lo padece la gente de a pie que al día siguiente tienen que madrugar para ir a la fábrica o al hospital a atender los comas etílicos de los mismos que les impiden dormir.

Los detractores de las acciones llevadas a cabo por los asaltantes refuerzan su argumentación penalizadora en la ocupación laboral que proporciona el turismo. Sería deseable que también resaltaran la temporalidad pero sería aún más reseñable que se destacara la inaudita explotación a la que se ven sometidos los trabajadores del sector denominado motor de la paupérrima economía española.   

Jornadas interminables, salarios de miseria, tratos denigrantes a trabajadoras cuando no acoso en sus múltiples versiones.  Sin contar la ristra de ilegalidades que cometen afamados empresarios en la realización de la reverenciada actividad. Frecuentemente se descubre cómo se vulneran la legislación medioambiental, la fiscal, la laboral, la sanitaria, la de costas… las sucesivas denuncias pasan a ser tratadas como anécdotas de descontentos y peligrosos disidentes. Ese es el lamentable panorama turístico español que tan ardorosamente defiende el presidente Rajoy durante sus idílicas caminatas por el campo.

La verdad es que la vida de los afectados por la desmedida ocupación turística de las ciudades le aburre. El sobrecoste económico y  en salud que se tiene que soportar debido al turismo sin regulación, al señor registrador le importa un higo. Las condiciones laborales de las kellys, los camareros, los recepcionistas y demás trabajadores del sector le traen sin cuidado.

Rajoy en estado puro: todo lo que su mente no alcanza a entender es un “sin sentido”.