jueves, 7 de diciembre de 2017

Las otras manadas

Encontramos tantos ejemplos de falta de rigor jurídico que provoca escalofríos pensar en manos de quien estamos.
Sería conveniente empezar a colocar a cada uno en su sitio. De la derecha mediática sabemos que no tenemos que esperar objetividad informativa, con el pesebre no se juega.
Ahora bien, deberíamos intentar que se vieran obligados a ser ecuánimes los medios de comunicación que se tildan de neutrales, hay que empezar a decir que existen otras formas de informar. Cuando un juez acapara la atención por dictar autos extraños, debería ser obligado a fundamentar el auto con alguna coherencia legal que no arguyera una sarta de memeces encontradas en el estercolero de su ideología.
El respeto a la JUSTICIA tiene que ser un parámetro de comportamiento, pero a la JUSTICIA con mayúsculas, no al simulacro con el que nos obsequian  un día sí y otro también tribunales tan politizados que únicamente les falta llevar la chapita del partido que les patrocina.
Hemos oído con más frecuencia de lo deseable la consabida frase de “respetamos y acatamos la sentencia aunque no la compartimos”, pues si no la compartes ¿Cuál es el oculto motivo que te induce a respetarla? acatarla entiendo que se haga; no queda otro camino pero ¿Respetarla? ¿Por qué razón?
¿En qué genoma de nuestro ADN tenemos grabado el respeto a las situaciones arbitrarias generadas por  la caprichosa interpretación que un individuo hace de determinado articulado del Código Penal?
Resulta de todo punto claro y notorio que nuestro sistema judicial necesita un urgente paso por la disciplina democrática. Alarmantemente carece de un sistema eficaz de control de calidad.
Los informativos abren a diario con noticias en clave judicial. Los tribunales hispánicos – Constitucional y Supremo – ya han sido corregidos por los Organismos Judiciales Europeos  en más ocasiones de las deseables. Con esos precedentes es bastante complicado poder alardear de democracia moderna y sólidamente consolidada. La retirada de la petición a Bélgica huele más a estratagema jurídica que a deseos de impartir justicia. La nueva versión parece encaminada a evitar una bofetada judicial en forma de desaire. La extradición solicitada a Bélgica a través de la euro-orden corría serios riesgos de ser rechazada.
A pesar de todos estos historiales y de otros muchos que nos dejamos en el tintero, debemos de seguir manteniendo un determinado grado de confianza en las entidades jurídicas españolas. Aún cuando estas sigan estando inmersas en una especie de limbo esterilizador que las ha mantenido al margen de los avances democráticos. Sin un alto grado de fe ciega es muy difícil aceptar algunas conductas de los magistrados, algunas de sus disposiciones judiciales y bastantes sentencias “dirigidas”. Por no hablar de los “afinamientos” de la Fiscalía.
La comisión de un delito es – sobre todo – un ataque al estatus humano de convivencia en sociedad. Ahora bien,  una vez están establecidas las reglas la cuestión es: ¿Cómo se articula su cumplimiento?
Desde los albores de la humanidad los entes sociales han buscado fórmulas para convivir. La depravación de los próceres les llevó a asimilar las normas comunales con la defensa de sus privilegios. Todo para conseguir  que “sus” deseos fuesen amparados y mantenidas “sus” prebendas.
Mediante sucesivas luchas y avances sociales se han ido desarrollando escenarios con la finalidad de ir equiparando derechos y alcanzar la igualdad ante la ley. En clave nacional española lo más que se ha conseguido ha sido este simulacro de  democracia - que en la actualidad padecemos - en sustitución de la legal y legítima II República que resultó violentamente aplastada.
Una siniestra  deficiencia del llamado régimen 78 fue NO restituir el daño ocasionado por un delito sangriento cometido en el periodo 1936/39 y consolidado hasta el 20 de noviembre de 1975. La perversidad de los constituyentes fue no intentarlo siquiera. El franquismo sigue sin ser institucionalmente condenado.
Las celebraciones del 6 de diciembre recuerdan todos los años la hipócrita humillación que fue admitida. El régimen impuso sus condiciones haciendo sonar los sables. Los opositores se vendieron lánguidamente y cayeron en un plácido sopor del que todavía no han despertado.
Nunca se van a desclasificar los documentos que nos acerquen a entender porque se rindieron. La amenaza de involución está tan puerilmente manida que 39 años después sigue sirviendo para todo.
 La transición se realizó en un bazar de vanidades en el que la monarquía recuperó aquello que la justicia social le había arrebatado. Bajo el paraguas monárquico se recuperó la injusticia que hoy padecemos.
Sólo era cuestión de tiempo.


viernes, 24 de noviembre de 2017

Ocultos tras las sotanas

Con frecuencia resultan sorprendentes los argumentos que se usan para inclinar la balanza de la justicia del lado que mejor favorezca los intereses personales de cada cual.
No se para en mientes en la utilización de cualquier tipo de recurso. Es de todo punto intrascendente si la prueba  propuesta carece o no de validez, no importa. La finalidad que se persigue es lo fundamental.
Para convencer a la jueza de la pertinencia de su salida de prisión, los miembros del Govern encarcelados han puesto toda la carne en el asador, ¿Mediante argumentos jurídicos? Pues no. En varios casos a través de mostrar su fe o exhibiendo su conciencia religiosa ¡Qué poder tan inmenso deben de tener las creencias para poder ser utilizadas en sede judicial!
Oriol Junqueras ha utilizado para su defensa su condición de creyente (católico suponemos). Según el ex vicepresidente de la Generalitat ser piadoso imprime carácter de anti violencia. En opinión de la defensa de los encarcelados esta cualidad resulta incompatible con el delito de rebelión. Olvidan Junqueras y compañía los numerosos episodios en los que, en nombre de algún dios, se ha utilizado la brutalidad contra inocentes.
En nuestro país no hace tanto tiempo que se han dado ese tipo de acontecimientos luctuosos. A día de hoy las cunetas españolas siguen llenas de cadáveres de ajusticiados por unos asesinos que mataban - entre otros - a incrédulos y discrepantes con su fe. El solar patrio era en esos momentos el patio de recreo particular para creyentes católicos, apostólicos y romanos. Estos hechos muestran que tener determinada ideología religiosa no representa una vacuna contra la barbarie por mucho que Oriol lo atestigüe.
Tal y como pretenden los ex consellers, la asistencia a misas y trabajos parroquiales tampoco son antídoto contra la violencia delictiva, no serán los primeros ni los últimos caciques que después de una buena comunión apalean a los descreídos. Sin ir más lejos el 20N se ofició misa en memoria del genocida responsable de que en la actualidad sigan existiendo fosas comunes por los campos de este país. 
¿Tanta importancia sigue teniendo la Iglesia Católica en el estamento político – social español?
Pues parece ser que sí, teniendo en cuenta que esas creencias religiosas están siendo  invocadas para paliar las responsabilidades emanadas por actuaciones políticas presuntamente delictivas.
Organizaciones laicistas  se han cuestionado en innumerables ocasiones la indefinición constitucional en materia de separación Iglesia/Estado.
El artículo 16 de la carta magna establece la aconfesionalidad  del Estado, pero el 16.3 implanta el singular trato que debe tener la Iglesia Católica y para compensar  extiende el buen trato a todas las demás confesiones sin nombrarlas. Es decir, abre la puerta de la multiconfesionalidad para mantener disimulados los privilegios otorgados a la religión predominante: La Católica.
Considerando el laicismo como una corriente de pensamientoideología que defiende la existencia de una sociedad organizada de forma independiente de las confesiones religiosas, suena chocante que se quiera utilizar la pertenencia a una determinada creencia para justificar el buen comportamiento ciudadano ¡Claro, que ser confesionalmente adepto tapa muchas carencias!
Sin ir más lejos, la condición de católico, apostólico y romano  permitió al señor José Antonio Sánchez Domínguez, Presidente de la Corporación RTVE, justificar la retrasmisión de las misas dominicales y no dar cobertura informativa a un acontecimiento de relevancia social.  Según Jose Antonio Sánchez carece de importancia que se celebre en Madrid el día mundial del Orgullo Gay ¿Quizás debido a algún ramalazo de homofobia? No sería de extrañar teniendo en cuenta las opiniones de destacados obispos de su credo.
Para compensar la ausencia de rigor informativo acompañó de proselitismo religioso su comparecencia en el Senado. A fin de justificarse nos regaló la transcendental noticia  de su adscripción  religiosa. Estos  personajes que utilizan las doctrinas como escudo de sus incompetencias lo hacen con la finalidad de negar la situación social que les rodea. A los ciudadanos ¿Qué les importan sus creencias?  

Exactamente igual  que a los magistrados de la Audiencia Nacional les debe importar un higo si los imputados van a misa o pecan con descaro. Si vivimos en un Estado de Derecho la preocupación de las jueces deberá ser si se han cumplido o dejado de cumplir  las leyes humanas, no las divinas.

martes, 14 de noviembre de 2017

Mujeres asesinadas

La semana pasada fue asesinada otra mujer, una más, en esta ocasión en la localidad alicantina de Elda. Esto último es irrelevante, podía haber sido en cualquier otro sitio, la barbarie se extiende por toda la geografía hispánica sin distinción de territorios, regiones o nacionalidades. En cuestión de bestialismo el macho ibérico únicamente  muestra una seña de identidad; su ancestral machismo.
Jessica, al igual que otras muchas asesinadas, había denunciado a su asesino por malos tratos. El infame sujeto estaba condenado por violencia domestica y un juez había dictado una orden de alejamiento. Nada de eso  protegió a la mujer de la irracionalidad del macho furibundo.
Ni siquiera salvó la vida de Jessica un hecho relevante: la policía detectó el incumplimiento de la orden de alejamiento y en prevención de lo que posteriormente sucedió detuvo al asesino y le puso a disposición judicial.
A pesar de las múltiples señales enviadas, el juez de guardia no halló motivos suficientes para mantener detenido al violento. Existían varios motivos: amenazas, incumplimiento de dictamen judicial, desobediencia… pero el juez de guardia no vislumbró  nada. No llegó a pisar los calabozos.
Muchas veces se habla del corporativismo profesional que impele a determinados gremios a dictar disposiciones o adoptar medidas que favorezcan a sus miembros. Jessica tuvo la mala suerte de dar con un magistrado al que ni siquiera la desobediencia a la  sentencia de un colega le impulsó a proteger la vida de una mujer. Señoría ¿No le pareció relevante la ruptura de la orden de alejamiento?
No es la primera vez que se muestra la inutilidad de las órdenes de alejamiento si no hay una vigilancia efectiva del cumplimiento de la misma. Hoy día existen medios tecnológicos más que sobrados para alertar a las fuerzas de seguridad, a las posibles víctimas y a las autoridades de los incumplimientos de los dictados judiciales. Creíamos que era cuestión de voluntad política, pero sobretodo de disponibilidad de medios. Pues no, con el asesinato de Jessica se ha descubierto una nueva vertiente de la inutilidad del sistema. Ahora también sabemos que la incompetencia judicial es otro de los factores de riesgo.
Las autoridades responsables de garantizar la seguridad de las personas han demostrado en multitud de ocasiones su falta de sensibilidad y la extraordinaria  ineptitud que les adorna en su cometido de salvaguarda de las mujeres.
Solo tenemos que recordar las manifestaciones del Delegado del Gobierno en Aragón (Gustavo Alcalde) que tras el asesinato de Soraya,  para justificar la ausencia de medidas de protección, esgrimió como argumento la distancia a la que vivía su agresor ¡Como estaba a unos cientos de kilómetros, a nadie se le ocurrió pensar que en 4 horas podía llegar y asesinarla! El caso de inutilidad administrativa es tan sangrante que escuece solo recordarlo.
El asesinato de Jessica ha roto los moldes, con ella sí saltaron las alarmas y funcionaron los protocolos, las fuerzas de seguridad han cumplido con su cometido. El juez estaba en otros asuntos, es imperdonable la laxitud de comportamiento y mucho más condenable tras las terribles consecuencias.
Entre las figura penales que se contemplan en los casos de asesinato encontramos  al autor como protagonista principal, a continuación puede haber cómplices, encubridores y colaboradores. Todos ellos tienen un grado de responsabilidad penal. Entre los colaboradores existe una figura de especial preeminencia  y es la de colaborador necesario.
Si el juez hubiera mantenido preso al asesino el tiempo legal permitido en un caso de la gravedad del que nos ocupa, tal vez Jessica seguiría entre los vivos, con su hijo.
Pero no, el juez decidió que no había peligro para la mujer amenazada y que el incumplimiento de la sentencia dictada por otro juez no merecía ser castigado ¡Enhorabuena señoría, no ha puesto usted ningún impedimento  para que un asesino cometiera su crimen!

Quizás sea merecedor de que otro juez con otra sensibilidad y mayor diligencia considere que sin su dictamen de puesta en libertad inmediata el asesino no habría podido perpetrar el asesinato.

sábado, 4 de noviembre de 2017

Indignación domada

Llevamos una larga temporada asistiendo a un penoso espectáculo patrocinado por nuestra clase política. Naturalmente nuestra indolente conformidad tiene mucho que ver en el comportamiento de quienes nos gobiernan.
Hemos permitido excesivos abusos, la indignación se nos ha disipado rápidamente, con un poco de chapa y pintura nos han vendido una tartana vieja como si fuera un vehículo de última generación y nuestra ira se ha escapado por el vertedero del conformismo.
Resulta un desafío a la inteligencia la postura adoptada por los alimentadores de opinión y no pocos analistas políticos.
Sí; la jueza Lamela ha dictado prisión sin fianza para el vicepresidente Junqueras y siete de los Consellers del Govern. Analizada la trayectoria reciente de la jueza ¿Esperaba alguien otra cosa?
Parece que nadie recuerda que es la misma magistrada que mantiene en prisión -  acusados de terrorismo - a los detenidos por una pelea de bebidos en un bar de Alsasua. También es La misma que recientemente  ha dictado prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, después de oír  al fiscal retorciendo la ley.
¿A quién le extrañan las decisiones de la jueza? ¿A qué viene tanta sorpresa?
Las expresiones que se están vertiendo sobre la politización de la justicia vuelven a ser un nuevo ejercicio de doblez sin ningún valor. En este viejo arcón caben prácticamente todas las formaciones políticas.  El PP es solidario con las actuaciones del Fiscal General del Estado como máximo responsable de su nombramiento.
Misma responsabilidad de nombramiento que ejerció el PSOE cuando ostentaba el Gobierno de la Nación. Esto nos señala a unos primeros responsables de la politización judicial.
Pero no son los únicos; en no pocas ocasiones, ambos partidos, han gobernado con los apoyos de formaciones como el PNV que hoy se rasgan las vestiduras con las decisiones del PP que ellos apoyan vía presupuestos generales. Y de otros como antigua Convergencia Democrática (hoy el PdCAT) que ahora sufren en sus carnes la acción judicial auspiciada por sus ex amigos.
El partido de Ciudadanos Españoles y de la JONS cumple fielmente con su cometido de partido muleta y aplaude fervorosamente que la fiscalía actúe como órgano transmisor del Gobierno.
Tanta pose hipócrita aburre, cansa. Que la judicatura está tremendamente politizada es un mantra que recorre la sociedad española desde que se hizo real la desdichada Transición. El Poder Judicial quedó al margen de cualquier  transformación. Si hubiera que nombrar una esfera del Estado de Derecho donde la democracia no ha hecho acto de presencia, una gran mayoría de personas nombrarían sin dudar al estamento judicial.
Los miembros de los altos tribunales son elegidos a través de las formaciones políticas. Las luchas por colocar afines en los puestos de decisión judicial son por todos conocidas, muchas de las decisiones y sentencias judiciales atufan a oportunismo político. Sistemáticamente los partidos de la alternancia han bloqueado las renovaciones del Tribunal Constitucional cuando  han estado a expensas de alguna sentencia.
Con todos estos antecedentes, son una broma de mal gusto  las declaraciones de sorpresa y estupefacción cuando alguien comprueba que la justicia se acomoda al dictado del gobierno de turno (fundamentalmente durante el periodo de instrucción de la causa). Durante este periodo procesal el magistrado instructor suele seguir las peticiones de la Fiscalía. Ya hemos dejado aclarado quién nombra al Jefe de los fiscales.
Escuchar al portavoz Méndez de Vigo decir que desde la Constitución de 1812 existe separación de poderes en España es motivo suficiente para mandarle al colegio a repasar algo de la historia constitucional de este doliente reino.
Además de una burla a la inteligencia es un insulto para las víctimas de las múltiples épocas de absolutismo borbónico y dictaduras varias que desde la aprobación de la “Pepa” han padecido los habitantes de este país, producto de las cuales son - entre otras cosas – las constantes guerras civiles a las que hemos sido condenados.
Nuestra ausencia de educación social, política y cultural nos lleva a aguantar declaraciones como la del ministro portavoz, al igual que con anterioridad hemos soportado las de Rafael Hernando y Pablo Casado humillando a las víctimas de las purgas y persecución franquista.  
A Mariano Rajoy, a la cúpula de su partido y a los poderes en la sombra que le sostienen, le importa un higo la situación de Cataluña. Saben que han despertado al toro hispánico, como dice el ínclito Gustavo Alcalde – Delegado del Gobierno en Aragón – y ese astado cuernilargo embiste con fiereza contra todo aquello que le molesta.

La derecha nacional-católica espera que tras el 21 D su marca naranja alcance la presidencia de la Generalitat con los apoyos del PP y un casi desahuciado PSC. Si no sucede así,  no pasa nada, a Rajoy siempre le quedará España y para Cataluña una nueva dosis de venganza.

martes, 31 de octubre de 2017

Homeopatía territorial

Es posible que nadie tenga la receta idónea para cocinar el encaje territorial que nos acerque a un acuerdo satisfactorio. Es más, los ingredientes que ahora se están utilizando  no parece que busquen una salida sino que, todos los actores del conflicto, pretenden alcanzar una victoria sobre el oponente en lugar de una solución.
En estas circunstancias los errores que se cometen no son producto de la casualidad, al igual que tampoco se deben al azar los aciertos. Ambas circunstancias se dan tras concienzudos análisis y después de que los  responsables determinen la opción que consideran mejor.
Al presidente Rajoy le pueden ser atribuidas varias docenas de carencias; no está la diligencia entre sus virtudes, la indolencia con la que afronta los problemas llega a ser exasperante mientras oculta tras una nube de pasividad su inacción. Él lo atribuye a la prudencia aunque  podríamos dejarlo en simple vagancia. Si a todo lo anterior añadimos sus lapsus orales corremos el riesgo de caer en la tentación de menospreciar sus capacidades.
Sin embargo la estupidez no es algo que debamos atribuirle alegremente. Cometeríamos un grave error si creyéramos que su comportamiento puede ser imputado a falta de recursos, más bien es producto de exceso de soberbia. En el caso catalán, la impresión general ha sido y sigue siendo de absoluta desesperación ante la laxitud en el comportamiento del inquilino de la Moncloa. Ahora bien, esa pose laxa no es consecuencia de la estulticia, sino de una estudiada perversidad condimentada con grandes dosis de molicie.
Las carencias políticas que acompañan a Mariano Rajoy han vuelto a quedar al descubierto. Resulta un personaje de siglos pasados, uno de esos protagonistas de cuentos infantiles que pacientemente esperan que el  aburrimiento haga claudicar a sus rivales. Él permanece en sus aposentos dedicado a las tareas que le son gratas; no hacer nada, o como mal menor hacer poco.
En esta ocasión los sucesos le han forzado a aparecer en escena. Cuando estaba a punto de padecer una tortícolis irreversible -a fuerza de mirar para otro lado durante casi doce años esperando que amainara el temporal- se ha encontrado con una situación que le obliga a dejar de hacerse el despistado. 
Fiel a su personalidad enrevesada ha vuelto a desorientar a la población. Al igual que cuando hace ejercicio no se sabe bien si camina rápido o corre muy despacio, en la toma de decisiones políticas no se acaba de saber si realiza un ejercicio moderado  del poder o por el contrario se esconde tras el poder judicial ejerciendo de aliado. 
Ha esperado a que los dictámenes de los tribunales acorralaran al Govern de Cataluña para asestar el golpe de gracia al estado de las autonomías.
La verdad es que el nacionalcatolicismo hispánico llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad de este tipo para recomponer una situación en la que nunca se ha sentido cómodo. Para diluir la demanda nacionalista que exigía dosis elevadas de descentralización del poder, dieron con la tecla de articular una red de autonomías - incluso ciudades autónomas – que acabaron por desvirtuar la reivindicación de las comunidades que históricamente reclamaban.
En una especie de homeopatía sin sentido, se disolvió el principio activo del autogobierno de vascos, catalanes y gallegos. En la disolución constitucional del 78 se fueron añadiendo - como disolventes - ingentes cantidades de producto autonómico que nadie había llamado a escena.
Para diluir a los periféricos discrepantes nacieron Autonomías de primera, de segunda e incluso de tercera. Se exacerbó el sentimiento regional - local para aglutinar pasiones de igualdad de derechos con los primigenios demandantes de autogobierno. Se recurrió al devenir histórico para resaltar los agravios comparativos.
En definitiva, el Estado de las Autonomías no fue el resultado de un proceso conciliador que tratara de descentralizar un poder concentrado en la capital del reino para buscar un eficaz sistema de gestión más cercano a los ciudadanos.
El Estado de las Autonomías fue la respuesta rápida que encontraron los constituyentes para disipar el derecho de reparación que esgrimían desde Cataluña, Euskadi y Galicia tras cuarenta años de sometimiento a la dictadura franquista.
Acabaron con un “café para todos” que quedó en una especie de brebaje aguado con mucho “trágala”, poco parecido al café y ni siquiera igual para todos.
En la actualidad estamos asistiendo al final de este viaje y el elemento catalizador ha sido la aspiración catalana de alcanzar mayores cotas de autogobierno. Los partidarios de la España “Una, Grande y Libre” han encontrado la excusa para revertir la situación: ¡España se rompe!
Resulta paradójico que aquellos que pretenden disfrutar de altos grados de soberanía hayan sido los que vayan a abocar al resto del país a una recentralización únicamente deseada por nostálgicos del yugo y las flechas. 

Rajoy y Rivera nunca se lo agradecerán lo suficiente a Puigdemont y compañía.

viernes, 13 de octubre de 2017

La declaración

En una ocasión una buena amiga me contó una anécdota que había vivido en primera persona. Los acontecimientos del relato tienen lugar en el verano de 1973, con el dictador dando sus últimos coletazos desde el Pardo y el Régimen preparándose para resistir las olas de libertad que comenzaban a expresarse.
A través de una organización religiosa se estaban llevando a cabo unos intercambios estudiantiles con colegios de otros países, en este caso el destino de niños de varios países de Europa era Estados Unidos. Es fácil deducir que el espectro socio económico de las familias de los niños y niñas participantes en el intercambio  era medio alto, en realidad era más alto que medio.
Llegados los estudiantes al aeropuerto de Nueva York el responsable de la expedición tenía que repartir a los alumnos en grupos según su procedencia, con la finalidad de establecer los lugares y familias de destino. Para ello necesitaba agruparlos por idioma materno y países de procedencia. Así que fue pidiendo en voz alta… Los franceses aquí, los alemanes a mi izquierda, los españoles a mi derecha. Cuando hubo acabado vio un grupo que no estaba unido a ninguna de las opciones.
El tutor se dirigió a ellos y les dijo, “vosotros os he dicho que los españoles a mi derecha” ellos contestaron “no somos españoles, somos catalanes”. 
El hombre se quedó un tanto perplejo ante la respuesta, no olvidemos que era la época en la que se gritaba ¡España! ¡UNA! ¡España! ¡GRANDE! ¡España! ¡LIBRE! Acabando con un ¡VIVA FRANCO! y ¡ARRIBA ESPAÑA! Decidió buscar una salida airosa y dijo “está bien, entonces los que viajan con pasaporte de España a mi derecha” el grupo se encaminó a unirse con el resto de españoles.
En su comparecencia ante el Congreso de Cataluña, Carles Puigdemont intentó revestir de solemnidad el acto que iba a llevar a cabo. El comienzo  fue retrasado por necesidad de consensuar la declaración del President. La CUP se resistía a aceptar que no se produjera la tan esperada declaración de independencia de la República Catalana. Mientras tanto los socios del Govern buscaban una salida elegante al embrollo en el que se encontraban.
La expectación en la calle era máxima, se pasaba de la euforia a la decepción. En los primeros instantes; en los momentos en los que Puigdemont se refirió a los resultados de la votación del 1 de Octubre y a las consecuencias que de ella se derivaban según la ley de referéndum aprobada por la Cámara de Diputados  Catalana, se descorchó cava y la estelada ondeaba orgullosa. Al suspender la entrada en vigor vuelta a colocar los corchos y a enrollar las  banderas.
A todo esto se llega haciendo equilibrios legales para incumplir unas disposiciones legales emanadas del mismo Parlamento Catalán. Entre las transgresiones está  la ausencia de organismo validador que certifique y haga públicos los resultados. La inexistencia de la Sindicatura (Junta Electoral) validadora y anunciadora de  los resultados hace imposible un requisito indispensable  y la validación deciden hacerla los propios convocantes. Esto en términos democráticos es cuando menos anacrónico.   
La respuesta del Gobierno del PP al ofrecimiento de dialogo de la Generalitat ha sido en clave gallega, contestando  con una pregunta para conseguir obtener varias cosas:
En primer lugar el Gobierno de Rajoy pretende recuperar la imagen internacional como gobierno dispuesto a utilizar recursos democráticos para solucionar un conflicto.
A continuación quiere obligar al Govern a dilucidar la licitud de  sus actos. Explicitar si son  legales, NO declaración de independencia con la humillación consiguiente, o bien que se manifieste abiertamente fuera de la ley y por lo tanto susceptible de ser represaliado.
La pregunta también va dirigida a la línea de flotación del frente independentista. El único nexo de unión entre ellos es el proceso soberanista, fuera de ese término nada une a la CUP con ERC o PDeCAt. La desafección de la CUP con sus eventuales compañeros de viaje  llevará a elecciones en Cataluña sin necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Por último pero no menos relevante de la intencionalidad de Rajoy es comprobar las reacciones de los núcleos duros de su partido y de determinados poderes en la sombra que abiertamente empiezan a asomar la patita por debajo de la puerta ¡la ultraderecha española reaparece cara al sol!
Entre los de la patita por debajo de la puerta encontramos a Pablo Casado personaje del PP al que nadie ha rectificado ni rebatido.  
Sus declaraciones sobre el destino del President Puigdemont comparándolo con el de Lluis Companys hablan por sí solas acerca de su ideología. Sus posteriores melifluas explicaciones no aclaran si prefiere para el actual President la prisión en campo de concentración o el fusilamiento.
Pero es que los Gobernadores Civiles en los que han derivado los Delegados de Gobierno se rigen por los mismos parámetros. Miran con descaro hacia otra parte (Normalmente a la parte más derecha de la calle) cuando sus amiguetes de toda la vida envueltos en trapos adornados con pajarracos apalean a participantes en expresiones de disidencia democrática o a políticos que estos cafres consideran impuros.
Son muchos los ejemplos; Barcelona, Valencia, Zaragoza. Ni una intervención policial tras los incidentes ni una detención tras las agresiones, ni una identificación tras los disturbios. Solo la presión mediática ha impulsado alguna leve reacción.
Ese y no otro es el escenario que nos ofrece el partido auto denominado defensor del paradigma de la democracia, el PP convida a violencia ultra en las calles y para los disidentes represión institucional.
El presidente de un partido imputado por fraude financiero para alcanzar la victoria electoral pretende darnos lecciones de comportamiento democrático dentro de la legalidad cuando su organización está judicialmente imputada por haber hecho trampas para saltarse la ley. Lo triste es que sigue siendo el Presidente del Gobierno de una España que por mor de su ineptitud cada vez está  más rota y deviene en  menos solidaria.

En este escenario necesitaríamos tener a alguien que propiciara un clima de respeto entre nosotros  para no tener que exhibir continuamente el pasaporte. Mucho nos tememos que ese alguien - en esta ocasión - tampoco va a ser la Corona.

domingo, 1 de octubre de 2017

El día después

Nunca entendió lo que estaba pasando en Cataluña. Su esperanza se basaba en una paralización del calendario y que nunca arribara el día señalado.  El pobre diablo veía lejísimos el 1 de Octubre de 2017 pero ese momento llegó sin que Rajoy se diera cuenta. Nada raro, nunca se ha enterado de mucho, ha ostentado la titularidad de varios ministerios dejando como recuerdo su retrato colgado de la pared, esa es toda su huella.
 Las recordadas intervenciones del “Señor de los hilillos”  compitiendo con el club de la comedia al utilizar expresiones sin sentido, no parece que puedan resultar méritos suficientes para alcanzar la Presidencia del Gobierno. A pesar de que el presidente tiene  entre sus defectos el barullo dialéctico, a Rajoy se le concedía moderación de comportamiento. Pero no, al final ha resultado ser un molesto incendiario.
A su legendaria vagancia paseada por los ministerios que ha ejercido,  ha unido la desproporción de comportamiento,  lo que le ha otorgado las más altas cotas de poder  alcanzando con ello las mayores cuotas de miseria.
Un  señor que se oculta tras los magistrados del Tribunal Constitucional para no dar la cara, no posee de capacidad intelectual para solucionar un problema de tamaña envergadura. Debido a esta incapacidad el Gobierno de España encargó  al Fiscal General - reprobado por el Congreso de los Diputados -  la tarea de hacer que  descarrilara la iniciativa nacionalista.  
El Gobierno del Partido Popular ha demostrado varias cosas durante el 1 de octubre y las intensas jornadas previas:
La primera de ellas es que el uso de la fuerza es potestad del poder. A mayor poder  más posibilidad de uso de la fuerza. Las imágenes que seguramente darán la vuelta al mundo serán las de unidades policiales reventado puertas y aporreando vecinos que pretendían meter un papel en una caja de plástico.
Había fórmulas más que suficientes para dar soluciones con la finalidad de arreglar un asunto que, se quiera o no, está encima de la mesa, pero el método elegido por Mariano fue la indolencia y su Gobierno optó por la inoperancia; ambas posturas fueron errores de bulto provocados por la soberbia.  Con estos antecedentes  el Gobierno español ha preferido la simpleza: la porra y las pelotas de goma. La prensa internacional y algunos políticos europeos habrán tomado buena nota acerca de la calidad democrática que padecemos los españoles.
La segunda reflexión es que a pesar de los inconvenientes y dificultades, una amplia representación de la población catalana ha decidido ejercer un derecho. No se ha permitido que fuera fácil y con garantías. Se ha jugado al ratón y al gato, acciones del Govern reacciones desde Moncloa. Efectivamente no ha habido un referéndum que se pueda considerar como tal. La falta de garantías del proceso hace que sea difícil calificarlo e interpretar sus resultados.
Ahora bien, es incuestionable que la derivas adoptadas por los gobiernos catalán y español son los principales responsables de la falta de legitimidad y garantías del proceso, de ello se han servido los unos y los otros para justificar su postura.
La tercera lectura que se puede hacer es verificar la nula decencia democrática que nos acompaña durante los últimos años, ya ni disimulan. La soberanía nacional ha dejado de residir en el pueblo español, si el Congreso de diputados reprueba al Fiscal General de Estado no pasa nada, igual que nada sucede si los reprobados son ministros u otros miembros del Gobierno.
Esa es la demostración de la utilidad del actual Congreso de diputados. Ítem más, cuando se producen votaciones de modificación de leyes que contrarían al Ejecutivo, éste bloquea las resoluciones alegando desfases presupuestarios ¿Legal? Parece que sí ¿Democrático? Pues me asaltan las dudas.
Tampoco ayuda a creer en el sistema la utilización perversa que el Gobierno de Rajoy  hace de los tribunales, Constitucional incluido.
La cuarta reflexión es la puerta que han dejado abierta para mayor gloria de los nacionalistas españolistas. Los nostálgicos dirán que se ha parado el golpe, ha vencido la legalidad o el Estado de Derecho ha ganado. El mensaje de ganadores y perdedores nos ha llevado hasta aquí ¿Dónde nos van a llevar a partir de ahora? ¿Cómo de negros serán los nubarrones venideros?
Casi todos tenemos respuestas a estas preguntas, sucede que nos causa pánico decirlas en voz alta. Sabemos cómo empiezan los conflictos, casi como una fiesta, lamentablemente la experiencia dice que el final  no tiene nada de festivo ¿Lo decimos en voz alta? Mejor guardamos silencio para no ser tachados de agoreros, pero Puigdemont, Junqueras y Forcadell harían bien estando intranquilos.
Miembros del Gobierno y otros portavoces  del PP que han analizado la jornada han señalado a los  tres como reos de todo el proceso, estas personas han sido marcadas para cargar con el saco de las culpas.
A la rancia derecha española la estrategia de confrontación  no le va a servir para siempre, promover el boicot a los productos catalanes, recoger firmas contra Cataluña, recurrir el Estatut ante el Constitucional, negarse a hablar de financiación o fiscalidad, ningunear las instituciones y menospreciar el idioma catalán, alguna vez dejará de dar réditos electorales en el resto del Estado. Lo que YA ha sucedido es que los catalanes han desconectado de España, la fractura  se ha producido, los agravios y desencuentros duraran más que Rajoy y Puigdemont.
A la penosa imagen dada por España, la comunidad internacional contrapone el éxito político del Govern. En el PP se lamentan los errores cometidos. Repetían que no habría referéndum, ni urnas, ni papeletas.  Pues bien ha habido votaciones con urnas y con papeletas.
La respuesta dada a los movimientos independentistas ha sido jueces y policías: represión y palos. A cambio de papeletas y urnas Rajoy ha contrapuesto porras y escudos.

Una vez escenificada la pugna no hay marcha atrás, se acabaron las llamadas al dialogo ¿Hablar con quién y de qué? ¿De rendición y victoria? ¿De bajas y heridos?